En virtud de una orden internacional de detención emitida desde Suecia, Assange fue detenido el pasado 7 de diciembre en Reino Unido y paso nueve días en la prisión de Wandsworth antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Durante la vista de su extradición, celebrada a principios de este mes, los abogados de Assange arguyeron que, de ser enviado a Suecia, su cliente no iba a tener un juicio justo. Además, expresaron su temor de que, una vez en Suecia, sea enviado a EE UU, donde podría ser condenado a muerte por varios cargos relativos a su labor como revelador de secretos. La representante de la fiscalía sueca en la vista sostuvo que su país siempre proporciona “protección contra todo tipo de amenazas y violaciones”. Además, dijo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervendría en caso de que Assange tuviera que enfrentarse a “trato inhumano o degradante o a un juicio injusto” en EE UU.

El juez ha rechazado estos argumentos y ha aprobado la solicitud sueca de extradición. Contra su decisión cabe recurso, opción que piensa ejercer la defensa de Assange.

La web que lidera el carismático australiano ha puesto en serios apuros al Gobierno estadounidense, primero al publicar documentos y vídeos sobre las guerras de Irak y Afganistán que amplían el número de muertos civiles y, sobre todo, por el llamado cablegate, los 250.000 cables diplomáticos de las embajadas de EE UU en todo el mundo que fueron cedidas para su publicación a cinco grandes periódicos de todo el mundo: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, EL PAÍS y Le Monde.